Cómo cuidar la pelota - De Chalaca | Futbol para el que la conoce

Acerca de la difícil coexistencia entre fútbol, política, negocios y un Estado peruano históricamente ineficiente en su relación con el deporte

El fútbol peruano no es capaz de vivir en paz más allá de haber en principio resuelto su principal trauma, ese de los 36 años sin mundiales. Y la principal razón, aunque obvia, es dura: el principal problema del fútbol peruano es que se juega en el Perú.

En nuestro querido país no existe capacidad de concertación colectiva para sacar adelante proyectos comunes. El éxito, por definición, es entendido por la masa como producto de desempeños de personas puntuales. Esa es la razón central por la cual los principales deportistas peruanos de la historia no son miembros de equipos de deportes colectivos, sino individuales. Es también la razón por la cual cuando Ricardo Gareca habla de fútbol la prensa quiere que también opine sobre el clima: es visto como el caudillo, como el mesías que logró algo. Si fuera peruano -como, sin ir muy lejos, le ocurrió al desaparecido Freddy Ternero-, ya se lo habría intentado transformar en político.

Por ese motivo, también, en tiempos en que la industria del fútbol peruano debería estar trabajando en su crecimiento a partir de un hito como fue la ansiada clasificación a un Mundial, se llevan ya tres meses perdidos. Sumidos en un desgaste de discusiones que aunque multidiversas, en general obedecen a cuestionamientos, aun en muchos casos posiblemente válidos, a personas y no a instituciones.

 

Las siguientes líneas perseguirán el difícil y poco peruano ejercicio de despersonalizar la crisis actual y despejar ideas sobre qué es lo que a la industria del fútbol peruano, cual es la misión de DeChalaca, mejor conviene para sostener su proceso de crecimiento.

Acerca de la FPF y su situación

En los últimos meses en DeChalaca hemos sido testigos de las acusaciones y reportes periodísticos acerca de aparentes delitos cometidos por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Al respecto, nuestra posición es la de siempre: primero, no son temas que ameriten análisis alguno de nuestra parte en tanto no competan a su actuación deportiva; y segundo, si la justicia comprueba algún hecho que limite las funciones del ejercicio de su cargo, debe procederse de inmediato a los sanciones del caso y los cambios correspondientes.

También creemos en DeChalaca que esta crisis ha desnudado un problema estructural que se conocía desde la apresurada conformación -para las elecciones de 2014- de la actual gestión de la FPF: la falta de unidad entre los componentes de la junta directiva de la entidad. En otro contexto, mucho de lo sucedido se habría evitado con un pedido de licencia y un traslado de funciones a los accesitarios del caso. Pero en este contexto, es de dominio público que los vicepresidentes de la FPF tienen una visión divergente en aspectos neurálgicos sobre el estilo de gestión que se ha venido llevando a cabo, y eso es a fin de cuentas lo que ha impedido una sucesión natural de nombres.

 

Creemos también que de manera evidente la coyuntura ha llevado a que diversos intereses en el mundo del fútbol, más allá de su legitimidad, se hayan puesto sobre la mesa para atizar posiciones a favor o en contra de determinado segmento. Uno de los más evidentes es el de los clubes, a los que por ejemplo asiste absoluto derecho de exigir el pago de los recursos económicos que les corresponden por la participación de Perú en la Copa del Mundo y las Eliminatorias; acaso la manera en que han formulado su pedido tiene un tufillo oportunista y eso -amén de la baja credibilidad de sus dirigencias- complota un poco contra su misma demanda, pero no por eso ella deja de tener sentido. O por ejemplo, la exigencia de los equipos de Segunda División de ser incorporados a la Asamblea de Bases, un derecho que les compete plenamente y que está pendiente hace rato.

Pero hay otros intereses, de los más variados, también puestos sobre la mesa. La prensa argentina ha hecho público, por ejemplo, el que desde el inicio de esta crisis era un secreto a voces en el mundo del fútbol: el aparente traslado al Perú de un conflicto por el control de los derechos de televisión que existe en el nivel de Conmebol y ha llevado a la inestabilidad en diversas federaciones, como las de Ecuador y Uruguay. Esa discusión, conocida por cualquiera que se informa más allá del ombligo del día a día del fútbol local, de manera obvia iba a llegar al país y resulta evidente que si la Conmebol o la FIFA -también integradas, al fin y al cabo, por personas- tienen una posición definida al respecto, pugnarán por todos los medios que estén a su alcance para evitar que la transmisión del juego del que son dueños esté en manos de quien no quieren que los tenga.

Como el anterior, hay muchos otros intereses privados puestos en agenda a partir de la crisis. Desde los consabidos, como quienes en los clubes se resisten a aceptar los mayores estándares de exigencia impuestos por nuevas normas como las de la Comisión de Licencias o los organismos de control Económico y Financiero; hasta los más folclóricos, como los de dirigentes empecinados en revanchas personales, gente que perderá el régimen parasitario que ostenta en los clubes sujetos a fiscalización o, por último, simplemente personas interesadas en no perder su trabajo actual o recuperar el que algún cambio los llevó a perder.

 

Repetimos que en DeChalaca, más allá de cuán legítimos -o sensatos, o apestosos- nos puedan parecer algunos de esos intereses, nos parece al fin y al cabo natural que se pongan sobre la mesa ante una situación de conflicto. Es la dinámica propia de cualquier industria privada, con grupos y segmentos que custodian lo que, bien o mal, entienden les pertenece. Por eso creemos que cualquier solución a esos conflictos debe provenir desde el interior del mismo fútbol, con las normas y los mecanismos establecidos, para que la ecuación acabe arrojando el resultado más favorable al sistema.

Acerca del papel del Congreso de la República

Lo que en DeChalaca, en cambio, no entendemos por natural es el involucramiento del Estado en temas de naturaleza privada, como el fútbol. No solo por principio, sino por evidencia empírica: en países como los sudamericanos, y sobre todo en el Perú, el rol de la política en torno del deporte ha sido históricamente negativo, pues por lo general ha buscado capitalizar los réditos de popularidad que una actividad masiva otorga y más bien no ha respondido con políticas de Estado promotoras -como sí ocurre en otras latitudes- para fortalecer la industria.

Así, en el Perú por ejemplo se ha asistido a intervencionismos nefastos para el fútbol en particular. Hasta la saciedad se ha explicado en DeChalaca, por ejemplo, cómo el conflicto del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en los años setenta con el fútbol profesional, por su empecinada promoción del amateurismo, condujo a la inflación desmedida de clubes en Primera División, luego al caos de los torneos Regionales de los años ochenta y esto último, en buena medida a explicar por qué Perú estuvo 36 años fuera de los mundiales. Tal capacidad de intrusión, dicho sea de paso, es la razón histórica que explica la existencia de la ADFP, como ente que protegía al fútbol profesional de las ínfulas estatales de intervención en la FPF, en tiempos en que la FIFA no contaba con el peso corporativo con que cuenta hoy.

 

De lo expuesto a los figuretismos congresales de los últimos veinticinco años ha habido poca distancia. Parlamentarios poco conocidos y -muchas veces azuzados por sus secuaces periodísticos- promovieron investigaciones ridículas contra entrenadores de la selección peruana, como Vladimir Popovic o Paulo Autuori. Son situaciones que, aunque acaso nunca tan vernaculares como por acá, también tienen parecidos en otros países. Por esa razón la FIFA ha agudizado en las últimas dos décadas su caparazón contra las ínfulas de intervención política en la dirección del juego, a través del endurecimiento de las reglas que sancionan a las federaciones cuyos Estados dictan normas que invaden el ámbito de sus competencias.

Lo anterior, no obstante, no quita el hecho de que cualquier federación, como persona jurídica, este sometida a las leyes y normas propias de cualquier estado, y que deba ajustarse a ellas. Pero a la vez, también es un hecho objetivo y real que al ser la FIFA una entidad de libre afiliación, está en posición plena de exigir los requisitos que considere necesarios para pertenecer a ella. Al fin y al cabo, existen otras asociaciones en el mundo que aglutinan países para la práctica del fútbol, como la ConIFA, que lleva a cabo una especie de Mundial alternativo para naciones no reconocidas por la ONU o que la FIFA no tiene interés en afiliar. Un país que no esté habilitado por la FIFA podría, por ejemplo, disputar libremente esa competición.

Acerca de la situación actual en sí

Objetivamente, lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso es la revisión de la Ley N.° 30727 de Fortalecimiento de la FPF, promulgada el 15 de enero último. Dicha Ley tenía por intención diferenciar la naturaleza de la actividad de la FPF respecto de las federaciones de otros deportes, debido esencialmente a que en 2017 se presentó una propuesta de Ley General del Deporte que sometía la ejecución de los recursos de todas las federaciones a la supervisión y aprobación del IPD. En este sentido, el fútbol es la única disciplina distinta de las demás en el país, ya que no recibe un sol del Estado -más bien, le tributa un diezmo para el deporte escolar- y es autogestionaria.

 

Dicha Ley de Fortalecimiento incluía, como disposición complementaria, un artículo que extendía el mandato puntual de la actual junta directiva de la FPF hasta el final del ciclo olímpico (esto es, agosto de 2020), con el propósito expreso de que pudiera llevarse a cabo la adecuación de los estatutos a los estándares FIFA. En este sentido, es importante explicar que la Ley General del Deporte vigente desde 2003 otorga mayoría absoluta a las federaciones departamentales en las composiciones de las Asambleas de Bases -la razón por la cual los votos de los presidentes de las federaciones departamentales han sido los que han decidido los últimos procesos en la FPF-. Esta disposición, desde 2016, riñe con las nuevas normas de gobernanza establecidas por la FIFA post FIFAgate, que señalan que ninguno de los cuerpos que componen las asambleas de sus federaciones afiliadas puede tener mayoría absoluta en términos de votación.

Por dicha razón -y esto muy al margen de lo sabidamente conveniente que es para garantizar la libre elección que las federaciones departamentales dejen de tener mayoría absoluta en la Asamblea de la FPF-, el fútbol requiere una ley específica que lo distinga de las otras federaciones en el marco de la Ley General del Deporte. Es un derecho constitucional y ciudadano solicitar al Congreso una norma que permita el desarrollo de determinada actividad, por lo que desde el lado del Estado es un proceso como cualquier otro. La pregunta del millón para muchos es por qué desde el lado de la FIFA, dicha Ley de Fortalecimiento no implicaba una situación de intervencionismo estatal y la derogación de dicha norma sí; y la respuesta, por ilógica que parezca también a muchos, es que la FIFA entiende por intervención aquella que, efectuada sin su solicitud expresa, afecta la composición de sus federaciones afiliadas.

En este punto se podrá lanzar muchas quejas, protestas y reclamos pero al fin y al cabo serán al viento. Porque así pueda no gustarle a la mayoría, la FIFA tiene la absoluta sartén por el mango respecto de las exigencias que establezca para sus competiciones. Si, por ejemplo, mañana ella dictara una norma que obligara a la FPF a emplear uniforme azul en todas sus competiciones, la selección peruana tendría que verse obligada a acatarla si quiere seguir compitiendo; y si no lo hace, le podrán decir que no está admitida en sus torneos. Evidentemente, esto nunca sucederá pues la FIFA tiene el criterio político necesario para lograr que siga siendo atractivo para la generalidad de federaciones estar afiliada a ella, y no conformar asociaciones paralelas o algo por el estilo. Porque la afiliación, al fin y al cabo, es voluntaria.

 

Volviendo a la Ley de Fortalecimiento, DeChalaca observó en su momento lo inconveniente que era el ajuste del mandato de la FPF al ciclo olímpico. No por la razón política que ahora se esgrime -los cuestionamientos puntuales al presidente actual de la FPF-, sino por algo más profundo e importante: si en adelante las elecciones de la FPF se llevan a cabo en los años de Juegos Olímpicos y no en los de Mundiales, la evidencia histórica muestra que existe altísimo riesgo de que los procesos de los entrenadores de la selección peruana sean abruptamente interrumpidos por la directiva entrante.

Sin embargo, también es importante puntualizar que el proceso eleccionario de la FPF no consiste en una votación simple y punto. Es una cadena de elecciones que empieza con las Ligas Distritales, cuyas nuevas autoridades eligen a las de las Ligas Provinciales, cuyas nuevas autoridades eligen a las de las Ligas Departamentales, cuyas nuevas autoridades se constituyen en la Asamblea de Bases para elegir a su vez a la nueva junta directiva de la FPF. En total, demora unos nueve meses, que deben correr a partir del momento en que comience la primera votación. Por lo tanto, al no haberse efectuado las elecciones para el periodo 2018-2022 en ninguna liga hasta el momento, en el mejor de los casos la nueva junta directiva de la FPF podría ser elegida a mediados de 2019.

La realidad (sin ja, ja)

La situación actual no es para reírse. Más allá de lo tendenciosos -su naturaleza es, al fin y al cabo, sujeta a un interés definido- que puedan ser algunos videos virales acerca de los riesgos de la desafiliación, esta no es un cuco o una amenaza infundada. Si la FIFA quiere sancionar al Perú, lo hará sin resquemores por una principal razón de base: el poder de negociación de nuestro fútbol es muy bajo. No es Argentina, no es Brasil, ni siquiera Uruguay -también intervenido-: la presencia o ausencia de Perú en una competición internacional no afecta sustantivamente el mapa futbolístico, nos guste o no.

 

Lo anterior es duro pero es real. Es un país de Tercer Mundo -con un fútbol de Tercer Mundo- discutiendo con la multinacional más poderosa del planeta. Por eso al fútbol peruano le compete entender que en su interior puede gestar cualquier tipo de discusión, pero someter alguna de ellas al designio de una autoridad política jamás será aceptado por los organismos que gobiernan este deporte globalmente. ¿Qué van a hacer aquellos a quienes no les guste eso? ¿Organizar una marcha a Zürich, tal vez, aprovechando la extensión del espacio Schengen? ¿O fortalecer la ConIFA para tener una decorosa participación en ella, acaso?

En DeChalaca nos tiene sin cuidado si la actual junta directiva de la FPF se queda hasta el próximo mes, el próximo año o la única vez que la reelijan -el nuevo estándar FIFA vigente desde 2016 prohíbe las reelecciones indefinidas-. Sí nos interesa mucho, en cambio, que todas las reformas positivas que se han llevado a cabo se sostengan en el tiempo. Que se lance la Liga de Fútbol Profesional y sustituya a los erráticos torneos locales actuales. Que los derechos televisivos en ese nuevo espectro dejen de responder a negociaciones individuales que hipotecan a los clubes y más bien sean definidos en paquete para mejorar el valor del producto fútbol. Que se sostengan la Comisión de Licencias, el OCEF y todo órgano que profesionalice a los clubes. Que continúen el trabajo de unidad técnica de menores y los torneos multicategorías como exigencia a los participantes del sistema. Y un importante etcétera, mucho más trascendente incluso -como base de la pirámide- que la propia estabilidad del proceso actual de la selección absoluta -la punta del iceberg-.

Si las reformas descritas se mantienen, sea por obra de la actual gestión de la FPF, de sus más tenaces opositores o de quienquiera que llegue a la Videna, será posible que el fútbol peruano tenga, algún día, mayor poder de negociación que el que hoy ostenta en el mapa de la FIFA ante situaciones como estas.

 

Por último, en DeChalaca consideramos que los poderes del Estado deberían proseguir el curso normal de sus actividades y no pretender que una industria privada como el fútbol les haga la tarea de canalizar determinado proceso judicial. Si algún componente de la actual dirigencia de la FPF debe ser sometido a alguna condena -como acaba de ocurrirle esta semana a Severo Salazar, presidente de la Federación Departamental de Apurímac, condenado por el Poder Judicial a siete años de prisión efectiva por una denuncia del año 2010-, pues que así ocurra. Pero que por la incapacidad de poder llegar a una conclusión en un caso puntual no se pretenda sostener a un sistema futbolístico a un controlismo estatal que pone en riesgo su continuidad. Es lo que a quienes tenemos por misión cuidar la pelota nos debe, al fin y al cabo, interesar.

Composición fotográfica: Aldo Ramírez / DeChalaca.com
Fotos: Pedro Monteverde / DeChalaca.com, Andina, Prensa Carlos A. Mannucci, AFP, EFE