Composición fotográfica: Aldo Ramírez / DeChalaca.comLos árbitros fueron los protagonistas en el inicio de la Liga 1. Las diversas polémicas que protagonizaron vuelven a abrir el debate sobre qué hacer para mejorar su desempeño.

    Alonso Cantuarias | @alonso_cantu
    Columnista editorial

En agosto del 2018, Eddie Fleischman ya había advertido -como tantos otros en el pasado- la precaria situación del arbitraje peruano. Siete meses después y en medio del estreno de la Liga 1, la situación no ha cambiado.

La renovación de la  Comisión Nacional de Arbitraje FPF (CONAR), presidida por Gian Marco Chiapperini en agosto 2018 no trajo consigo nuevos aires. No hay comunicación oficial de parte de esta entidad, tanto en las políticas de programación, sanción a los jueces, monitoreo de rendimiento, ni un informe que señale sus condiciones actuales en materia de capacitación y entrenamiento.

Si buscamos los medios oficiales de la CONAR en la página de la FPF y en la web de la Asociación Profesional de Árbitros de Fútbol, no hay mayores noticias ni directivas vinculadas al gremio. Si a ello le sumamos que es la propia CONAR la única que fiscaliza su trabajo, cabe preguntarse qué clase de mejoras y auditoría a los procesos puede efectuarse. Justamente, el punto de partida para una mejora del arbitraje peruana para pos transparentar y dar a conocer (tanto a nivel de clubes como del público en general) su manejo.  De esta forma se puede monitorear que existan lineamientos que son aplicados por igual a todos los árbitros e incluso ello puede servir para mostrar en qué se está trabajando por mejorar e instruir a la personas sobre el reglamento. ¿Cuántas veces son los mismos hinchas quienes inician campañas de demolición a un árbitro porque cuestionan fallos que en realidad fueron bien cobrados?

De la mano con el hacer público los manejos de la CONAR es necesario que la misma FPF potencie el desarrollo de los árbitros. De nada servirá implantar tecnología como el VAR si los jueces van a seguir cometiendo errores de interpretación. También es preciso dar un seguimiento al accionar de los árbitros y  ver qué jueces no pueden seguir pitando por un tema de capacidad. Por más sanciones que puedan efectuarse, la reincidencia debe ser castigada con penas más severas, y bajo esta línea las buenas actuaciones deben ser premiadas con mayores programaciones.

 

Los árbitros por sí solos no pueden cambiar un problema estructural. Necesitan de herramientas para mejorar su performance y alicientes que los impulsen a capacitarse. El arbitraje no es un empleo del que se viva al 100 % y por ello es necesario un control más estricto. Los árbitros no hacen un favor al pitar un compromiso, se les paga, pero casualmente, mientras no se suba los estándares para dedicarse a esta profesión (sueldo, condiciones de entrenamiento, mejoras en el desarrollo personal y arbitral, seguridad, etc.) poco se podrá mejorar porque habrá menos personas interesadas en ingresar a ella.

Si la problemática del arbitraje la extrapolamos al país, nos topamos con la eterna pregunta de por qué tenemos servidores públicos poco eficientes y que están muy expuestos a la corrupción. La respuesta es que la administración pública no tiene los elementos suficientes para captar a profesionales debidamente capacitados y que cuenten con una sólida base personal.

Si se quiere tener mejores árbitros es necesario invertir más en ellos y preocuparse más por su desarrollo. Pero a la par de las mejores condiciones es indispensable un control más estricto que permita medir su trabajo y que les ejerza una presión positiva al hacerles sentir que sus mejoras no son un cheque en blanco.

Composición fotográfica: Aldo Ramírez / DeChalaca.com


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